Hace escasos meses el gobierno español aprobó una ley para apoyar la creación y el crecimiento de empresas emergentes, la ley de startups, con la que se persigue situar a España a la altura de sus países vecinos en materia de atracción de talento, inversión y emprendimiento innovador.
Sabido es que el emprendimiento innovador, cuando genera valor económico y social, actúa como palanca de cambio, que empuja a la sociedad hacia mayores cotas de bienestar.
Así, la nueva norma incide, precisamente, en mejorar las condiciones de contexto para animar el emprendimiento en clave de innovación y productividad, y vertebrar así una sociedad más emprendedora.
Las autoridades públicas constituyen un elemento importante dentro de este contexto y, además, tienen la capacidad de incidir en el comportamiento de otros actores del ecosistema emprendedor.
La ley de startups llega en un momento oportuno, en una coyuntura post-COVID-19 necesitada de ilusión y ambición para afrontar los retos marcados por Europa y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Así, la ley echa a andar con la expectativa de revitalizar el tejido empresarial español a través de la creación de nuevas empresas, innovadoras y escalables.
Este texto jurídico se caracteriza por:
El fomento de una mayor colaboración interinstitucional (entre las administraciones públicas, las universidades, organismos públicos de investigación y centros tecnológicos).
La oferta de un abanico de ventajas fiscales (para la inversión, para la atracción de talento).
Una mayor precisión para la definición de una empresa emergente.
Medidas encaminadas a mejorar la agilidad burocrática (facilidades telemáticas, reducción de costes administrativos para la creación de negocios).
Quince años sin poder salir del valle
La ley se anuncia después de que España haya atravesado un periodo de descapitalización empresarial. Según datos recientes del INE (Instituto Nacional de Estadística), la demografía empresarial española ha recuperado el volumen de empresas en activo que tenía antes de la crisis financiera global de 2008.
La población de 3.422.239 empresas activas del año 2008 se redujo a 3.119.000 empresas operativas en 2013, provocando una descapitalización empresarial de un 9 % durante ese quinquenio.
Desde entonces, se ha producido una recuperación paulatina hasta alcanzar una cifra de 3.430.663 empresas operativas a finales de 2021. Ello se ha debido, fundamentalmente, a una reciente disminución de las tasas de cierre de negocios y a un leve crecimiento de las tasas de creación de nuevas empresas.
A pesar de que se haya producido esta importante recuperación del número de empresas, debemos matizar que casi dos millones de ellas no emplean a ningún asalariado, que el 83 % emplean a dos o menos trabajadores y que aproximadamente la mitad se ven abocadas al cierre antes de sus primeros cinco años de existencia.
Al margen de este panorama, una ley que contribuya a prosperar y a incrementar el bienestar de los ciudadanos mediante el desarrollo de las condiciones de contexto para mejorar la cantidad y la calidad de la actividad emprendedora es siempre bienvenida.
No se puede descuidar a los otros emprendedores
No todas las personas emprendedoras padecen las secuelas de la crisis de igual manera. El consorcio internacional Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ha sacado a la luz un reciente estudio en el que se analiza la situación de la mujer emprendedora en más de 50 países. Hay dos datos que llaman la atención:
El informe destaca que el cierre de negocios entre las mujeres residentes en países de ingresos medios-altos ha aumentado en un 74 % durante el periodo de pandemia mientras que, entre los hombres, ese incremento de los cierres de negocio ha sido de un 34 %.
Solo un 2,7 % de las mujeres (en comparación con el 4,7 % de los hombres) se aventura a emprender en tecnologías de la información y comunicaciones), un sector que atrae gran parte de las inversiones de business angels (inversores tempranos) y capital de riesgo.
Una cuestión de edad
En países como Corea, Israel o Noruega, la actividad emprendedora de la población de edad superior a los 34 años es mayor en comparación a la actividad emprendedora expresada por el colectivo de edad inferior a los 34 años.
A este respecto, el último informe (2021-2022) del Observatorio del Emprendimiento de España (informe GEM España 2021-2022 indica que el porcentaje de la población comprendida en la franja de edad de 18-24 años que se ha animado a emprender en España es 2,9 %. Mientras, el porcentaje para la franja de edad 55-64 años es un 3,9 %.
Estas tendencias, en definitiva, reflejan la existencia de ciertas disparidades (por sexo y edad) que invocan la necesidad de considerar y apoyar a los colectivos infrarrepresentados, para construir un ecosistema emprendedor más inclusivo. A ello deberíamos añadir una visión más sostenible para avanzar hacia un emprendimiento transformador.
Hacia un emprendimiento “transformador”
La ley de startups está diseñada para favorecer las condiciones de creación y crecimiento de empresas innovadoras y escalables, lo que redundará en el incremento de empleo, productividad y crecimiento económico.
No se puede obviar que las mujeres y la población sénior también emprenden, generando empleo, productividad y crecimiento económico.
Un emprendimiento inclusivo y sostenible también es posible. Es decir, un emprendimiento transformador, que vaya más allá de la optimización de beneficios.
Todavía es pronto y se necesita más tiempo para valorar los resultados de la aplicación de esta nueva ley, pero además de potenciar el emprendimiento innovador (con propósito de resultados económicos), en un futuro habrá que observar hacia donde apuntan esas otras tendencias del emprendimiento transformador (con propósito de impacto social).
* Profesor, Departamento de Economía y Finanzas, Universidad de Deusto / Publicado originalmente en The Conversation.
